Una jueza prohíbe usar los 15 mil mdp de los fideicomisos del PJF
Los 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, cuya eliminación ordenó el Congreso de la Unión, no podrán ser utilizados en detrimento de los derechos que adquirió el personal judicial en materia de trabajo y seguridad social, determinó una jueza federal.
Esto significa que la suspensión provisional otorgada por la Jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa, Elizabeth Trejo Galán, impide al gobierno federal disponer de estos recursos para apoyar a los damnificados por el huracán Otis, como lo propuso el presidente López Obrador.
Este amparo fue promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed). Froylán Muñoz Alvarado, director de esta asociación, informó sobre esta suspensión y dijo que el próximo 4 de diciembre se realizará la audiencia constitucional en la que se determinará si se concede o no el amparo.
«Aquí hay dos cosas, primero la figura del fideicomiso tiene objetivos muy concretos que no fácilmente pueden desviarse o reconsiderarse, ahí sobre todo quienes están de fiduciarias, fideicomitentes, fidecomisarios»
“Eso por una parte, pero adicional a ello, hoy esos 13 fideicomisos tienen el peso de un decreto legislativo que dice: Todo eso, más de 15 mil millones de pesos, se va a dirigir a la Tesorería de la Federación para cuestiones propias del plan de desarrollo. Pero hoy, aparte de ello, este asunto está en el campo del juicio de amparo, de la litis constitucional, no se puede fácilmente determinar un destino diferente, porque estarán a expensas de lo que resuelva una juez constitucional a través de una sentencia”, indicó afuera del Palacio de Justicia de San Lázaro.
Muñoz Alvarado anunció además que la Jufed analiza la posible presentación de una demanda de amparo contra la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2024, esto en la medida que los ajustes presupuestales realizados por la Cámara de Diputados vulneren la autonomía financiera y, en consecuencia, la independencia judicial.
“De igual forma, comunicamos que las juzgadoras y juzgadores federales iniciamos gestiones ante organismos internacionales, en razón de las obligaciones que ha contraído el Estado Mexicano de respetar los derechos que derivan de los principios ya mencionados, que imponen la no intromisión, no dependencia, ni subordinación entre los Poderes de un Estado Democrático de Derecho, porque las instituciones no se protegen a sí mismas, pues ante los ataques inconstitucionales pueden caer una a una, a menos de que sean defendidas oportunamente”, finalizó. (El Heraldo de México)
