Estado de Colima pasa de tener 94 a 55 mil hectáreas de área naturales protegidas en los últimos 5 años
- Logró la primera recaudación de la entidad por impuesto al carbono y coordina 250 mil hectáreas del Corredor Biocultural del Centro Occidente de México
El Gobierno del Estado de Colima que preside la mandataria Indira Vizcaíno Silva tiene entre sus prioridades el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable en esta entidad y uno de los logros más significativos en esta materia se ha registrado en los últimos cinco años, pues en 2021 Colima sólo tenía 94 hectáreas de áreas naturales protegidas y hoy en día suman 55 mil hectáreas protegidas, logro en el que destaca el trabajo profesional del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (Imades).
El salto se debe al decreto del Corredor Biológico Canoas-Manantlán-Volcán y al área nacional protegida (ANP) Canoas, que en conjunto abarcan seis municipios y 31 ejidos y buscan mantener conectadas zonas de alto valor ecológico, con la participación directa de los núcleos agrarios dueños de la tierra. Si a estas áreas se suman las superficies que el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial –POET- establece con políticas de conservación y protección, el 30% del territorio estatal queda hoy bajo algún esquema de conservación, frente al 0.02 % que se tenía en el año 2021.
Ese avance vino acompañado de un cambio de reglas: Imades impulsó la actualización de una legislación ambiental anacrónica y colocó al estado de Colima a la vanguardia nacional, con nuevas leyes de cambio climático y transición energética. De ese marco nació el Impuesto Estatal al Carbono, que permitió la primera recaudación del estado por este concepto: 14 millones de pesos para el Fondo Ambiental, obtenidos al gravar 26 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e). El impuesto se complementa con el Sistema de Compensación de Emisiones y el Sello Bajo en Carbono, que suman 112 proyectos inscritos, cinco organizaciones certificadas y 18,885 toneladas de CO₂e compensadas.
Esos recursos ya tienen destino: en su primer año de operación, el Fondo Ambiental activó más de trece millones de pesos para el diseño del Museo Ambiental, cuatro proyectos de educación ambiental en parques y áreas naturales protegidas, el fortalecimiento del Tortugario de Cuyutlán, la investigación universitaria sobre biodiversidad y el equipamiento del propio Instituto. También financia dos brigadas forestales que, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) previenen incendios, sanean bosques y generan empleo rural. Así, una obligación fiscal ambiental se convierte en proyectos concretos en el territorio.
La conservación de Colima también se proyecta a escala regional. El estado encabeza la coordinación subnacional del proyecto GEF-Cobiocom, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que impulsa el Corredor Biocultural del Centro Occidente de México: una iniciativa que reúne 15 millones de hectáreas en nueve estados, de las cuales 250 mil se ubican en Colima, y que tiene asignados 8.9 millones de dólares para 2026. Colima se vinculó además al programa Paisajes Bioculturales, que cuenta con un respaldo de siete millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo.
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Proteger la biodiversidad a largo plazo exige decidir cómo se usa el territorio. Con una inversión de 5.4 millones de pesos, Imades desarrolla el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Estatal y el de la subcuenca Laguna de Cuyutlán, instrumentos que definen dónde y en qué condiciones pueden desarrollarse las actividades productivas y urbanas. Ambos se construyen con un enfoque innovador de cuenca; es decir, a partir de cómo se mueve el agua en el territorio, y mediante procesos de participación pública.
En campo, la política ambiental se ha traducido en restauración. El Instituto produjo y donó más de 100 mil plantas nativas, muy por encima de la meta inicial, e instaló 11 mil metros cuadrados de jardines polinizadores e infiltrantes. Impulsó reforestaciones con escuelas, donó equipo para biodigestores comunitarios y sistemas de captación pluvial, y recolectó 50 toneladas de residuos especiales como pilas y baterías.
La autoridad ambiental también ha estado más presente y cercana: Imades ha resuelto cerca de 100% de los trámites ambientales recibidos y ha realizado 201 visitas de inspección, de las que derivaron resoluciones, medidas correctivas y setenta multas, con seguimiento jurídico ante distintas autoridades. A la par, mediante el programa Ambientalízate en escuelas primarias y la realización de foros, festivales y ferias ambientales, el Instituto ha llegado a más de 10 mil personas en todos los municipios de la entidad.
En conjunto, estos resultados muestran un cambio en la forma de hacer política ambiental en Colima: la conservación dejó de depender de acciones aisladas y hoy descansa en leyes, instrumentos fiscales, planeación territorial y vigilancia que se refuerzan entre sí. Lo que se recauda por emisiones financia proyectos, lo que se ordena en el territorio orienta el desarrollo y lo que se protege se vigila. El reto de la siguiente etapa es consolidar ese andamiaje para que sus beneficios lleguen de forma sostenida a los ejidos, las escuelas y las comunidades.
